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La Sentencia Nº 019 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Sala de Casación Penal de Venezuela, emitida el 17 de marzo de 2021, es una decisión que surge a raíz del recurso de casación interpuesto por la defensa de un ciudadano acusado de delitos contra la salud pública y de porte ilícito de armas. En dicho recurso, la defensa alegaba la violación de derechos fundamentales de su representado durante el proceso penal. Antecedentes del caso: El ciudadano acusado se encontraba en un vehículo en compañía de otros individuos, cuando fueron interceptados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Durante la inspección del vehículo, los funcionarios encontraron sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como un arma de fuego y municiones. A raíz de ello, el ciudadano fue detenido y posteriormente imputado por los delitos mencionados. En primera instancia, el Tribunal de Control declaró la legalidad de la detención y acusó al ciudadano por los delitos mencionados. Esta decisión fue apelada por la defensa, alegando la violación de derechos fundamentales durante la detención y la inspección del vehículo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones ratificó la decisión del Tribunal de Control, y la defensa interpuso entonces un recurso de casación ante el TSJ. Fundamento legal: La Sala de Casación Penal del TSJ fundamentó su decisión en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Exposición de cada Tribunal: En primer lugar, el Tribunal de Control realizó una inspección técnica del vehículo y declaró la legalidad de la detención. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones ratificó la decisión del Tribunal de Control, argumentando que no se habían vulnerado derechos fundamentales durante la detención. Por su parte, la Sala de Casación Penal del TSJ realizó un análisis detallado de los hechos y de las pruebas presentadas en el proceso. En este sentido, se revisó la actuación de los funcionarios policiales durante la detención y la inspección del vehículo, así como la validez y pertinencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía. También se analizaron los alegatos de la defensa sobre la vulneración de derechos fundamentales durante el proceso. Decisión del caso: La Sala de Casación Penal del TSJ decidió declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa, ratificando así la decisión de la Corte de Apelaciones. Se argumentó que no se había vulnerado ningún derecho fundamental durante la detención y el proceso penal, y que la actuación de los funcionarios policiales se había llevado a cabo conforme a la ley. En resumen, la Sentencia Nº 019 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Sala de Casación Penal de Venezuela de fecha 17-03-2021 ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones en la que se declaró la legalidad de la detención y se acusó al ciudadano por delitos contra la salud pública y de porte ilícito de armas. La Sala de Casación Penal realizó un análisis exhaustivo de los hechos, pruebas y alegatos presentados, y concluyó que no se habían vulnerado derechos fundamentales durante el proceso penal. Update (2024-07-04): La Sentencia Nº 019 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Sala de Casación Penal de Venezuela, fechada el 17 de marzo de 2021, es una decisión relevante en materia de resolución de conflictos de competencia entre los distintos tribunales del país. En este caso, la sentencia se refiere a la devolución de una aeronave incautada, y el conflicto de competencia se suscitó entre el Juzgado Primero de Control del estado Zulia y el Tribunal Sexto de Control de Caracas. Antecedentes del caso El 27 de abril de 2008, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, la aeronave matrícula N480DM fue incautada como parte de una investigación por presuntos delitos de drogas. Dicha incautación fue ordenada por la Fiscalía 44º Nacional del Ministerio Público. El 1 de mayo de 2008, el Juzgado Primero de Control del estado Zulia, con asiento en Maracaibo, se declaró competente para conocer de la causa y ordenó la incautación de la aeronave y su posterior traslado al Aeropuerto Internacional La Chinita, en el estado Zulia. Posteriormente, el 5 de mayo de 2008, el Tribunal Sexto de Control del área metropolitana de Caracas se declaró competente para conocer de la causa y ordenó la devolución de la aeronave a su propietario. Sin embargo, esta decisión no pudo ser ejecutada debido a la oposición del Ministerio Público y la incomparecencia del propietario de la aeronave. Ante esta situación, el Tribunal Sexto de Control remitió el expediente al Tribunal Supremo de Justicia para resolver el conflicto de competencia. Fundamento legal La decisión del Tribunal Supremo de Justicia se basa en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela, específicamente en sus artículos 87 y 88, que establecen el procedimiento para resolver conflictos de competencia entre los distintos tribunales del país. Asimismo, se consideran los artículos 26 y 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establecen las atribuciones de la Sala de Casación Penal para conocer y resolver los conflictos de competencia entre tribunales. Tribunales involucrados en el caso En este caso, se ve involucrado el Juzgado Primero de Control del estado Zulia y el Tribunal Sexto de Control del área metropolitana de Caracas. Ambos tribunales se declararon competentes para conocer de la causa y emitieron decisiones contradictorias en cuanto a la devolución de la aeronave. Además, se hace referencia a la Fiscalía 44º Nacional del Ministerio Público, que ordenó inicialmente la incautación de la aeronave. Decisión del caso La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la Sentencia Nº 019, resolvió el conflicto de competencia a favor del Juzgado Primero de Control del estado Zulia y ordenó la devolución de la aeronave a su propietario. La decisión se basó en que el primer tribunal en asumir competencia sobre la causa fue el Juzgado Primero de Control, al declararse competente el 1 de mayo de 2008, mientras que el Tribunal Sexto de Control se declaró competente el 5 de mayo de 2008. Además, la Sala señaló que la investigación por la que se ordenó la incautación de la aeronave se inició en el estado Zulia, por lo que es competente el tribunal de esa jurisdicción para resolver sobre la devolución de la misma. En conclusión, la Sentencia Nº 019 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal de Venezuela, es un ejemplo de cómo se resuelven los conflictos de competencia entre tribunales en el país, siguiendo el procedimiento establecido en el COPP y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La decisión final fue en favor del Juzgado Primero de Control del estado Zulia, que se declaró competente primero y ordenó la devolución de la aeronave incautada. Update (2024-07-04): La Sentencia Nº 019 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Sala de Casación Penal de Venezuela fue emitida el 17 de marzo de 2021 y resolvió un conflicto de competencia entre el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, ambos del estado Bolivariano de Miranda. El caso se inició cuando el representante de una empresa solicitó la devolución de una aeronave que había sido secuestrada por autoridades venezolanas en 2013, luego de ser utilizada en un presunto delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La empresa argumentó que había adquirido la aeronave en una subasta y que no tenía conocimiento de su uso en actividades ilícitas. El Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas rechazó la solicitud de devolución, argumentando que la aeronave había sido utilizada como medio para cometer un delito y que debía ser objeto de decomiso. Sin embargo, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control, Sustanciación y Ejecución del mismo Circuito Judicial Penal ordenó la entrega de la aeronave a su dueño original. Ante esta situación, ambos tribunales se declararon incompetentes y remitieron el caso al Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal. La Sala de Casación Penal, en su análisis sobre el conflicto de competencia, hizo referencia a lo establecido en el artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, el cual señala que corresponde al tribunal de control decidir sobre la devolución de los objetos incautados durante una investigación penal. Además, se tomó en cuenta el artículo 227 del mismo código, el cual establece que el decomiso de los bienes se debe realizar en una sentencia definitiva, es decir, en la fase de juicio. En este sentido, la Sala de Casación Penal determinó que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control, Sustanciación y Ejecución era el tribunal competente para decidir sobre la devolución de la aeronave en cuestión, ya que era el tribunal que tenía a cargo el proceso penal en su fase de investigación. Por lo tanto, se anularon las decisiones previas de ambos tribunales y se ordenó que el Juzgado Séptimo continuara con el proceso y decidiera sobre la solicitud de devolución de la aeronave. En cuanto a los tribunales que intervinieron en esta disputa, es importante mencionar que en Venezuela existe un régimen de competencia compartida entre los tribunales ordinarios y los tribunales militares en materia de delitos relacionados con las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En este caso, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control, Sustanciación y Ejecución del Área Metropolitana de Caracas fue el tribunal encargado de llevar el caso en su fase de investigación, mientras que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio se encargaría de la fase de juicio. Como fundamento legal para su decisión, la Sala de Casación Penal tomó en cuenta los principios de competencia y unidad de proceso, los cuales garantizan que sea un solo tribunal el que conozca de un mismo proceso penal desde su fase de investigación hasta su fase de juicio y ejecución de la sentencia. Asimismo, se hizo referencia a los principios de legalidad y de no confiscación. En conclusión, la Sentencia Nº 019 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal de Venezuela resolvió un conflicto de competencia entre dos tribunales en relación a la devolución de una aeronave utilizada en un presunto delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La Sala estableció que el tribunal competente para decidir sobre la devolución era el Juzgado de Control que llevaba el caso en su fase de investigación. Con esta decisión, se garantizó el debido proceso y se respetaron los principios fundamentales del sistema penal venezolano.