La regla de la "Respuesta legal" establece un principio fundamental en el derecho procesal: la impugnación de actos procesales es estrictamente limitada a aquellos actos que la ley reconoce expresamente como impugnables. Esto implica que solo se puede cuestionar un acto procesal si existe una disposición legal que lo autorice, ya sea de manera general o particular.
Este enfoque asegura que los litigantes tengan claridad sobre cuáles actos


