Artificial Intelligence
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ARTICULO CIENTIFICO PERSPECTIVA DE SIGLO XXI DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO AL DERECHO CONSTITUCIONAL


El siglo XXI puede considerarse el siglo de la información y la gestión del conocimiento; algunos autores apuntan a que es lo que ha alcanzado el que se conoce como Tercera Revolución Industrial. En el ámbito del derecho constitucional esta evolución ha traído consigo una profunda transformación. Entre los poderes del Estado es el poder judicial el que tiene un papel destacado en la creación y la aplicación de la norma jurídica y que afecta directamente a los ciudadanos. La importancia de la información y del conocimiento como habilidades para los órganos judiciales radica en su impulso del desarrollo normativo. Esta información y este conocimiento han abierto camino a un nuevo concepto de Justicia: una Justicia "Inteligente". Esta nueva Justicia permitirá a los tribunales responder con mayor presteza y exactitud a todos los casos. Esto se logrará mediante la implementación de aplicaciones informáticas que permitan ordenar, clasificar y ofrecer el acceso a la información recopilada. Estas herramientas ofrecerán a los tribunales una característica de "Inteligencia Artificial" que permitirá una gestión eficaz de la información y el conocimiento. Esto, a su vez, se traducirá en un mayor sometimiento a las reglas del Estado de Derecho, palanca clave para el desarrollo y la evolución de la sociedad. También aumentará la seguridad jurídica. La información y el conocimiento almacenado tendrán un alto componente de fiabilidad que dotará de transparencia a los procesos judiciales. Esto permitirá también a los tribunales responder rápidamente a las peticiones de los ciudadanos y contrarrestar la pérdida de confianza en los tribunales de justicia. Por otro lado, la información y la inteligencia artificial se convertirán en un elemento crucial para la interpretación y el análisis de las leyes vigentes. Esto permitirá a los tribunales establecer una relación entre el lenguaje natural y la legislación, abriendo la puerta a la creación de nuevos y útiles sistemas de aplicación de la norma jurídica. En conclusión, el uso de la información y la gestión del conocimiento como pilar clave en la aplicación del derecho constitucional puede considerarse como una herramienta poderosa para el desarrollo y la evolución de la sociedad. Esto permitirá a los tribunales una respuesta rápida y transparente a los casos y un esfuerzo de investigación realizado con herramientas fiables e íntegras. Todo ello contribuirá a garantizar el Estado de Derecho en el siglo XXI. Update (2023-11-18): En el siglo XXI, la revolución de la información y su gestión adecuada a través de la tecnología se ha convertido en uno de los principales motores para lograr la “sociedad de la información y el conocimiento”. Esta nueva vaina, a través de la evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ha provocado un fuerte impacto cultural donde la “información” se ha convertido en uno de los principales recursos en todos los ámbitos. Al mismo tiempo, la creación de un Sistema de Información y Conocimiento (SIK) ha dotado a la sociedad de mejores capacidades para la gestión y administración de recursos y actividades. La Constitución Política de un Estado, responde a los ritmos tan acelerados que marcan la era moderna. La expansión de la información supone la necesidad de reducir la desigualdad y la exclusión, sobre todo en los países en vías de desarrollo. En este contexto, la gestión del conocimiento aplicada al Derecho Constitucional se vuelve fundamental para entender la realidad política. Esta nueva abordaje se ha de ver desde una perspectiva que contempla la tutela o vigilancia del derecho bajo un óptica dinámica, es decir, basada en la adaptación constante de las normas jurídicas a las exigencias de los tiempos modernos. Esta adaptación se traduce en la necesidad de flexibilizar los regímenes jurídicos y de ampliar la relación entre el tiempo, el espacio y el Derecho ES acorde a las nuevas demandas de la modernidad. Se hace necesario, entonces, el uso de un enfoque multidisciplinario entre el Derecho y la Tecnología para ejercer una vigilancia normativa continua sobre la sociedad de la información y su gestión correcta. Esto supone una triple tarea: i) elaborar aplicaciones concretas de Tecnologías de la Información y Comunicación para el desarrollo de la Constitución Política, ii) construir un sistema de gestión y evaluación del cumplimiento de los principios constitucionales, y iii) probar la adecuación de los regímenes legal-constitucionales a las nuevas exigencias de la modernidad. El caso es que para lograr esta silueta, hay que incidir en los principios directrices del Estado de Derecho: unificación y progreso de la ley, igualdad, seguridad jurídica, responsabilidad, autonomía, exportación de principios, responsabilidad medioambiental, globalización, etc. En este contexto, el Derecho Constitucional aplicado al siglo XXI debe discurrir entorno a la reducción de la desigualdad y la exclusión en todos los ámbitos a nivel global, desarrollar nuevos códigos de ética, adecuar los principios constitucionales a las nuevas realidades, implementar los avances tecnológicos en la gestión del conocimiento, promover la justicia social, prever los incumplimientos y adoptar medidas eficaces para el cambio y modernización de los criterios de justicia-equidad-igualdad. El siglo XXI trae desafíos que exigen una constante revisión de los regímenes jurídicos, una vigilancia normativa con la implementación de un SIK en los diferentes ámbitos y la adopción de una perspectiva global a la hora de abordar la cuestión de la información para conseguir una justicia equitativa.

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